Aunque las declaraciones del nuevo embajador de
Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, respecto de que la destitución del
alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, “podría erosionar” el proceso de paz con las
Farc, no cayeron bien, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos mantuvo su
línea de suma discreción sobre el tema y guardó silencio.
El martes, el Gobierno rechazó duramente las
declaraciones del delegado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Colombia, Todd Howland, que se pronunció sobre la actuación del procurador
Alejandro Ordóñez en el caso Petro, y le recordó que no debe intervenir en
discusiones judiciales o disciplinarias.
En ese contexto de rechazo a la intromisión de
actores externos en los asuntos internos colombianos, este miércoles en el país
también causaron impacto las declaraciones del embajador entrante de EE. UU.,
que aún no ha llegado a Bogotá.
De hecho, la posición oficial de Colombia sigue
siendo la que expresó la Casa de Nariño el lunes, cuando, a través de un
comunicado, dijo que respeta el fallo de la Procuraduría y el derecho del
Alcalde a defenderse.
El Gobierno examinó las
declaraciones del nuevo embajador estadounidense, pero que no quiere entrar en
controversia con otros países, y menos con un aliado de primera línea como
Washington, aunque no está de acuerdo con que diplomáticos extranjeros
intervengan en debates judiciales internos.
En fuentes diplomáticas se conoció que, en todo
caso, el gobierno colombiano le hablará a Estados Unidos sobre el tema, en
circunstancias que están por definirse.
Whitaker, nominado por el presidente Barack
Obama como nuevo embajador en Colombia, aseguró que la destitución e
inhabilidad de 15 años que dictó la Procuraduría contra Petro podrían llevar a
distintos sectores a interpretar que el Estado colombiano no garantiza el
pluralismo político.
“Si personas en Colombia concluyen, basados en
esa decisión, o en otras, que este espacio no existe, entonces las condiciones
básicas para la paz podrían erosionarse”, enfatizó desde Washington durante la
audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Internacionales del
Senado.
Y a la salida de la audiencia buscó matizar su
pronunciamiento: “Dije que en la medida en que haya un sentido de que hay una
exclusión de la participación política, eso puedo indicar una situación no
idónea, enviar una mala señal. Particularmente porque se está en un proceso de
paz. No estoy llegando a una conclusión”.
Rechazo de distintos sectores políticos
Pero si bien la actitud del Gobierno fue
discreta, otros actores políticos sí rechazaron lo que consideraron una
intromisión.
El expresidente Álvaro Uribe escribió en
Twitter: “Nuevo embajador de USA debería respetar que muchos pensamos que la
paz no es viable con impunidad ni con privilegios para violar la ley”.
Si bien la observación de Uribe se hizo a
propósito de lo dicho por el embajador en Washington, su énfasis se dirigió
hacia el proceso de paz con las Farc, que es su gran incomodidad.
El rechazo al nuevo embajador estadounidense
también vino de sectores afines al alcalde Petro. El senador Luis Carlos
Avellaneda, líder de Alianza Verde, dijo que “un Estado no puede meterse en las
decisiones de otro país”.
El conservatismo, partido de Ordóñez, le pidió
al Presidente que no permita la “intromisión” de otros Estados en la decisiones
del Ministerio Público. Incluso, según el senador Arturo Yepes, le pidieron una
cita al Jefe de Estado para solicitarle que haga “respetar” al Procurador y sus
decisiones.
Los 22 senadores de la colectividad se
reunieron este miércoles con Ordóñez para ratificarle su respaldo.
La senadora Alexandra Moreno Piraquive, del
movimiento Mira, e integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores, dijo: “No
debemos permitir que agentes diplomáticos intervengan en nuestros asuntos
internos, y menos tomando como excusa la búsqueda de la paz”.
El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio
Radical, aseguró: “Somos un Estado soberano y aquí se respetan la división y la
independencia de los poderes públicos, y eso debe ser respetado por otros
Estados. No les compete inmiscuirse en nuestras decisiones”.
Desde el Partido Liberal, el senador Juan
Manuel Galán dijo: “Es inadmisible cualquier intromisión por un fallo judicial
soberano; no tiene por qué hacer ningún tipo de declaración sobre asuntos
internos”.
El senador conservador Arturo Yepes, que lideró
desde su partido la solidaridad con el procurador Ordóñez, afirmó: “Queremos
manifestarle (al Presidente) nuestra inconformidad”.
“Es una intromisión indebida en política
interna. Es una condición de la justicia interna en la que otros estados y
organismos internacionales no deben entrometerse”, dijo Carlos Patiño,
catedrático de la Universidad Nacional.
Fuente EL TIEMPO Colombia
