lunes, 24 de febrero de 2014

La OEA propone que "actores externos" medien en la dividida Venezuela


AMO.- 24 de Febrero 2014.- Insulza advierte de que el Gobierno y la oposición venezolana han de alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde" y propone mediadores latinoamericanos externos.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha propuesto este sábado que, habida cuenta de la división interna en Venezuela, la intervención de "actores externos" de Latinoamérica podrían erigirse como una "alternativa posible" para apaciguar la situación y avenir a las partes.

En una carta publicada este sábado en el periódico chileno La Tercera, Insulza advierte de que el Gobierno y la oposición han de alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde", razón por la que propone la intervención de mediadores de la región.

"Si ya no hay confianza en nadie, ninguna institución o personas que garanticen una postura ecuánime y no comprometida, tal vez el recurso a actores externos, provenientes de nuestra propia América y designados en común, sea una alternativa posible", afirma Insulza.

Por su parte, la OEA no emitirá condenas que, según su secretario general, puedan ahondar en la "división" y sus manifestaciones públicas se circunscribirán a la defensa de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho.

En este sentido, Insulza reitera su "llamado persistente y obstinado" a la reconciliación y el diálogo que, a su juicio, "es el único camino posible hoy para Venezuela". "El acuerdo es hoy el único camino posible", añade.
Insulza sustenta sus argumentos en las "impresionantes" manifestaciones que se han celebrado en varias ciudades de Venezuela en las últimas dos semanas, espoleadas por los estudiantes en un principio y por la oposición y el Gobierno después, por su "masividad", "persistente violencia" y "dolorosas" muertes.

El secretario general de la OEA atribuye estas protestas a la "difícil situación económica" que atraviesa el país, con una galopante inflación, un creciente desabastecimiento y la racionalización del dólar, combinado con una delincuencia cada vez más exacerbada.

A estos componentes económicos, Insulza destaca que la "confrontación política e ideológica" agravan la coyuntura y la "división interna entre sectores de la sociedad", que, en su opinión, "existe con esa envergadura en ningún otro país de América".

"Es esta división la que explica la supuesta ambigüedad de gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil y otros actores, que quieren ayudar, pero no encuentran cómo. La actitud de ambas partes no es conducente a una acción benéfica de la comunidad internacional para buscar el acercamiento y la conciliación", explica Insulza, en alusión a su propuesta.

"Pensamos que es posible avanzar en la democracia si se genera un verdadero espacio de confianza, en el cual se acepte la diversidad de opiniones, se respeten plenamente los derechos ciudadanos, se canalice la búsqueda de soluciones por vías institucionales que den garantías a todos, y se genere así un clima de libertad y entendimiento en que todos puedan aportar", concluye el secretario general de la OEA.




viernes, 14 de febrero de 2014

Argentina apoyó a Maduro

ALMO.- Buenos Aires 14 de Febrero 2014.- En un comunicado, el gobierno de Cristina expresó su “firme respaldo” a Caracas. Y alertó sobre los “evidentes intentos de desestabilización”, en alusión a las masivas marchas opositoras del miércoles.

El Gobierno de Cristina Kichner se hizo eco ayer de las denuncias del chavismo de que hay sectores golpistas que buscan desestabilizar a la administración de Nicolás Maduro y, a través de la Cancillería, emitió un inédito comunicado bajo el título “Argentina expresa firme respaldo al gobierno constitucional de Venezuela”.

El contenido y el tenor del texto oficial, que se emparenta con las teorías conspirativas del kirchnerismo de que hay grupos locales que buscan una salida anticipada de Cristina del poder, dejó al país junto a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA).

Es que fueron Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua los únicos que hasta anoche consideraron como “golpistas” las masivas manifestaciones opositoras contra Maduro de los últimos días, que –tras ser duramente reprimidas– dejaron al menos tres muertos. (Respaldo...) No es la primera vez que el Gobierno sale a apoyar a otros con un discurso de lectura más interna que externa. Lo hizo ante las crisis en Ecuador, Paraguay y Bolivia. El resto de los gobiernos optó por la cautela. Amnistía Internacional (AI), como la Organización de Estados Americanos (OEA), donde pesa la opinión de los Estados Unidos, pidieron investigar los hechos.

“Ante los recientes sucesos en la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno argentino reitera su firme respaldo al gobierno constitucional elegido por los ciudadanos de dicho país y alerta sobre los evidentes intentos de desestabilización que enfrenta el orden institucional en el país hermano”, señaló el comunicado de Relaciones Exteriores.

Previamente, el ministro venezolano de Interior, Miguel Rodríguez, había apuntado directamente a políticos de la oposición y a activistas –incluso “formados” en México– de tener un “plan para sumir al país en un espiral de violencia”. El chavismo incluso llamó a salir a las calles “contra el fascismo”.

El Gobierno argentino, que también lamentó los muertos y pidió investigar los hechos, hizo eje en que Maduro había sido electo el 14 de abril de 2013 y que su fuerza ganó los comicios municipales de diciembre pasado. Vale recordar que, el año pasado en la Casa Rosada, Cristina le reclamó a viva voz a Estados Unidos que reconociera al gobierno de Maduro, quien fue declarado ganador en unas elecciones que, de tan ajustadas, el opositor Henrique Capriles también se adjudicaba el triunfo.


“El legado de represión, masivas violaciones a los derechos humanos y profundización de la pobreza que dejaron las feroces dictaduras que asolaron América Latina ha reafirmado como deber prioritario de las democracias de nuestra región una solidaridad activa y de defensa común frente al accionar de grupos autoritarios, las corporaciones y aquellos ligados a la especulación financiera y productiva que pretenden gobernar de hecho, imponer sus intereses sectoriales y suplantar gobiernos legítimos”, señaló ayer el comunicado.

jueves, 13 de febrero de 2014

El chavismo persigue a opositores para ahogar las protestas


ALMO.- 13 de Febrero 2014. - El chavismo apretó este jueves la bota militar sobre Venezuela, horas después de los sucesos violentos en las calles de Caracas, que provocaron tres muertos y decenas de heridos. "Enfrentamos un golpe de Estado", denunció Nicolás Maduro al mundo de forma pintoresca, tras un desfile militar de tres horas, fuegos pirotécnicos y la parafernalia habitual de la Revolución.

El día después del 12F, una nueva jornada trágica en la historia de Venezuela, confirmó la promesa de "mano dura" realizada por el presidente. La primera medida fue instar a la detención de Leopoldo López, coordinador de Voluntad Popular y líder del sector radical de la oposición. La orden fue emitida en la madrugada. "López está en su casa, con sus abogados. No va a abandonar Venezuela, va a seguir luchando en la calle y todos le vamos a respaldar", desveló Carlos Vecchio, dirigente de su partido.

El ministro de Interior, Miguel Rodríguez-Torres, también acusó a David Smolanski, alcalde de El Hatillo, de participar en conjuras y reunirse en 2010 en México, cuando era líder estudiantil. "Acuñando la contraofensiva revolucionaria, el Gobierno ha iniciado el aplastamiento selectivo y ejemplarizante de la disidencia en Venezuela", protestó Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano.

Abusos del oficialismo
Otra ONG de derechos humanos, Provea, sufrió en sus propias carnes los abusos del oficialismo el miércoles por la noche. Inti Rodríguez, su coordinador de medios, fue "secuestrado, golpeado e interrogado por un grupo de 20 personas uniformadas de negro, comandadas por una persona con características de funcionario policial", según la denuncia hecha pública.

Durante toda la jornada, salpicada de pequeñas protestas estudiantiles y con presencia de tanquetas militares en Caracas y Mérida, abogados y familiares lucharon por la libertad del centenar de detenidos. "Presos fueron obligados a declarar esposados y en medio de constantes insultos, burlas y amenazas", aireó el abogado José Vicente Haro, presente en una de las comisarías.

Lo más llamativo es que nada se sabe de los paramilitares chavistas (colectivos en el diccionario eufemístico de la Revolución) ni de los funcionarios que atacaron a balazo limpio a unos estudiantes que lanzaron piedras al edificio de la Fiscalía tras acabar la marcha pacífica. Dos personas murieron en el primer enfrentamiento: Juan Montoya, líder de los colectivos y muy conocido en 23 de Enero, el barrio bastión de la Revolución, y el estudiante Bassil Dacosta, alcanzado por un balazo en la cabeza.
Apagón informativo
Decenas de vídeos y fotografías confirman que joven cayó abatido al salir corriendo del tiroteo provocado por paramilitares o policías. De la muerte de Montoya, quien fuera acusado en 2008 de colocar una bomba contra la patronal empresarial, no hay testimonios gráficos, aunque periodistas presentes en el lugar insisten en que cayó durante un enfrentamiento entre policías y tupamaros chavistas. De hecho, Montoya era ex policía.

A Roberto Redman, el otro estudiante asesinado en la noche del miércoles, la muerte le buscó dos veces. La primera, tras la marcha, cuando corría a pocos metros de Dacosta, incluso arrastrando su cadáver tras recibir el balazo. Y la segunda, cuando protestaba en Chacao y sufrió un disparo en la cabeza, procedente del arma de otro paramilitar motorizado. "Hoy me pegaron una pedrada en la espalda, un golpe en la nariz, tragué una bomba lacrimógena, cargué al chamo que falleció. ¿Y tú qué hiciste", escribió en Twitter poco antes de morir.

La oposición exigió al Gobierno que desarmara a sus grupos violentos. Nadie contestó. De hecho, varios miembros de estas famosas brigadas de choque atacaron este jueves a estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, cinco heridos más a la larga lista de decenas lesionados en 48 horas.

Inasequible a las denuncias, Maduro constriñó el derecho a la protesta y apostó por profundizar el apagón informativo imperante sobre Venezuela. "Cuidado que se prestan (televisoras y radios) a llevar a nuestro país a una confrontación", amenazó el mandatario. Misión imposible para los canales privados, que no se atrevieron a dar imágenes en directo de los aquelarres violentos del 12F. Globovisión, el canal informativo otrora crítico comprado ahora por empresarios oficialistas, ni siquiera se lo planteó. La evidente censura provocó la dimisión de al menos dos de sus periodistas.

El Gobierno también sacó del aire al único canal que transmitía en directo, NTN24, emisora colombiana que emite desde EEUU. Llevado por su afán censor, en la tarde de este jueves fue bloqueada la web de Nelson Bocaranda, el famoso periodista que desveló los misterios del cáncer de Hugo Chávez.


También fueron detenidos tres reporteros presentes en los tiroteos junto a la Fiscalía. Estuvieron varias horas retenidos y a uno de ellos le golpearon y le robaron sus fotografías.

lunes, 10 de febrero de 2014

BOUDOU COMPROMETE A LOS KICHNERISTAS


La situación judicial de Amado Boudou cuenta con un apoyo condicionado dentro del Gobierno. La voz oficial –Jorge Capitanich– transmitió el mensaje recién después de una reunión en la quinta de Olivos con la presidenta Cristina Kirchner. Sin embargo, en algunos sectores del Gobierno, prefieren el silencio. Sobre todo, aquellos que ya tienen la mira en el 2015 y eligen resguardar sus opiniones y separarse de la crítica figura de Boudou.

Después de un día de silencio, cuando se conoció el llamado a indagatoria por el caso Ciccone, Capitanich hizo conocer la postura del Gobierno y habló de “linchamiento mediático” contra el vice. El resto del Gabinete, se agazapó. “En caso de que se consulte, se dirá lo mismo que planteó el jefe de Gabinete, pero no hubo ni una orden de salir a hablar ni mucho menos”, aseguró una fuente oficial.

Para un funcionario nacional, ese es el equilibrio: “Fue un planteo medido, no se podía no decir nada por lo delicado del tema, pero el vice no tiene respaldo del gabinete hace mucho tiempo”, explicó un funcionario.

Sorprendió incluso en algunos sectores que el diputado nacional del FPV Martín Insaurralde que saliera a defender al vice. “Hay que respetar la presunción de inocencia del vicepresidente, algunos medios intenten hacerle creer a la sociedad que está condenado”, dijo Insaurralde. En el entorno del diputado lo calificaron como “un buen gesto político”, no sólo por la relación de trabajo que hace años, lo une a Boudou, sino también “como un respaldo en medio del vacío que le hicieron en el gabinete”.

Otros optaron por el silencio. El gobernador Daniel Scioli ayer reiteró sus intenciones presidenciales (ver página 9), en una entrevista a un medio correntino, pero evitó hablar de Boudou. Días atrás, consultado por su postura ante las denuncias que señalan al vice, prefirió no opinar: “Soy respetuoso del estado de derecho como hombre aferrado a la Constitución”, se limitó a decir. Desde su entorno admiten que es una decisión tomada no opinar sobre un tema tan delicado.

Otro que eligió resguardar su opinión al respecto fue Florencio Randazzo, ministro del Interior y Transporte, y también anotado para el 2015. Después del acto que la semana pasada encabezó Cristina Kirchner en la Casa Rosada, Randazzo reiteró sus aspiraciones políticas (“si saco adelante el transporte, por supuesto”), sin delimitar si pretende ser candidato a la Provincia o Nación. Ayer, consultado por Clarín por la condición judicial de Boudou, prefirió no opinar. Tiempo atrás, hubo acusaciones cruzadas entre el vice y el ministro por el caso Ciccone.


Mientras, Boudou permanece ajeno a las decisiones del Gobierno. En su equipo reconocen que “no le atienden el teléfono” en Balcarce 50. Su comportamiento social es criticado por el kirchnerismo más duro. Sólo lo alivió un poco el apoyo de Capitanich tras la orden de Cristina. El resto de sus compañeros, prefiere el silencio.

domingo, 2 de febrero de 2014

MORALES A POR TODAS

ALMO 2 de Febrero de 2014 Bolivia.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió a Chile de nuevas demandas ante tribunales internacionales, exigió a Estados Unidos que aporte a la lucha contra el narcotráfico y reclamó a la petrolera brasileña que cancele “su deudita” en mora, durante varias alocuciones a lo largo del fin de semana que ha puesto en situación algo difícil a la diplomacia boliviana.

“No se va a retirar la demanda”, ha asegurado Morales a la prensa local reunida en la Casa de Gobierno de La Paz en alusión a las declaraciones del designado ministro chileno de Asuntos Exteriores, Heraldo Muñoz, sobre el deseo del futuro gobierno de ese país de tener muy buenas relaciones con su vecino boliviano, pero, la demanda planteada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya es un obstáculo para el diálogo.

Bolivia ha planteado ante la CIJ que Chile se avenga al diálogo serio y solucione el enclaustramiento geográfico en que vive desde 1879, cuando perdió su costa sobre el océano Pacífico y su principal puerto, Antofagasta. La demanda ha sido aceptada y Bolivia prepara la memoria que debe presentar ante ese tribunal el próximo abril.

“Escuché al futuro canciller de Chile decir que un problema para el diálogo es la demanda ante La Haya. Quiero decir con mucho respeto que no somos tan inexpertos, hemos aprendido. Que no nos chantajeen ni condicionen el diálogo (al retiro) de la demanda”, ante la Corte de Justicia de La Haya, ha expresado el gobernante.

El presidente boliviano ha dicho que “ojalá no hayan otras demandas y antes (Chile) resuelva el tema del Silala y el río Lauca”, sobre cuyos diferendos el gobierno trabaja silenciosamente. “Bolivia no es un país intervencionista. Siempre buscamos soluciones dialogadas, concertadas” lo que no inhibe al gobierno de ejercer su “derecho a apelar a tribunales internacionales”.

Chile desvió unilateral e inconsultamente el curso binacional del río Lauca en 1962, lo que resultó en el rompimiento de relaciones diplomáticas. Los manantiales del Silala, que nacen en Potosí, se han canalizado, desde comienzos del siglo XX, hacia territorio chileno y se emplea en la dotación de agua a las poblaciones del norte de ese país, sin que la empresa que explota ese recurso pague centavo alguno a los potosinos, que reclaman una millonaria deuda.

Estos diferendos, que se habían incluido en una fallida agenda de trece puntos para negociar entre los dos países, pudieran ser también planteados ante la CIJ en un futuro próximo, tal como ha advertido el presidente Morales.

En el asunto del respaldo económico de Estados Unidos a la lucha contra el narcotráfico, el criterio boliviano es que ese aporte “es una obligación dentro de la responsabilidad compartida” que ese país, como uno de los principales consumidores, ha asumido ante la comunidad internacional.

Morales salió así al paso de las declaraciones del Encargado de Negocios de la embajada estadounidense en La Paz, Larry Memmott, que explicó a los periodistas locales la suspensión del apoyo económico. Por un pedido del gobierno, “USAID ya no funciona en el país y, el apoyo económico –que llegaba por ese medio- ya no es tema entre los dos países”.

El presidente boliviano, conocido por su encono contra el gobierno estadounidense, ha afirmado que la ayuda de este país ha sido poca en realidad pues el 80% retornaba a Estados Unidos en la adquisición de insumos y equipos. “Si revisamos los últimos datos, creo que son 20 o 25 millones de dólares”, ha mencionado Morales.

La cooperación económica de Estados Unidos a Bolivia, -a partir de 1942 y con especial énfasis a partir de la década de los sesenta-, ha sumado casi dos mil millones de dólares. En los últimos anos, pese a las limitaciones impuestas a USAID – antes de su expulsión bajo acusación de conspirar contra el gobierno- se han realizado numerosos proyectos a favor de poblaciones empobrecidas.

Las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia atraviesan un tortuoso camino desde 2006, cuando Morales anunció la expulsión del embajador Philip Goldberg por conspirar contra su administración. El gobierno pidió la salida del Departamento Estadounidense Antidroga (DEA) y, finalmente, el uno de mayo de 2013, decidió echar del país a USAID.

También le llegó el turno a la brasileña Petrobras, una de las más importantes operadoras en Bolivia después de la española Repsol, cuando el presidente Morales le reclamó el pago de una deuda pendiente por el “gas rico” incluido en las exportaciones a Brasil, el mayor mercado de gas natural boliviano.
El jefe del Estado Plurinacional inauguró, el viernes, la planta de procesamiento de gas natural en el campo de San Alberto del municipio tarijeño de Caraparí, en el sur boliviano. La planta de Itaú es operada por una sociedad integrada por la francesa Total, con un cuarenta y un por ciento de las acciones; por Petrobras –treinta por ciento-, British Gas con 25 por ciento y la estatal YPFB Chaco con un cuatro por ciento de las acciones.

Morales destacó la continuidad de las inversiones, que están todas garantizadas, en el discurso de inauguración en el que abrió un paréntesis para recordar que “Petrobras de Brasil nos tiene una deudita. Tiene que pagar, que nos pague la deuda”.

En el acto de inauguración participaron los ejecutivos de Petrobras Bolivia, Erick Portela, de Total Bolivia, Ignacio Sanz, y de la British Gas, Orlando Vaca. Mirando a Portela, Morales aseguró que “para una empresa tan grande, lo que nos debe es su pelo blanco, compañero”.

“¿Cuantito nos debe? No es mucho. No es posible que Petrobras nos regatee 20, 30, 40 millones de dólares; si yo fuera Petrobras ya pagaría eso”, aseguró el presidente boliviano.

Petrobras adeuda a Bolivia el pago de gas rico (con contenidos de etano, butano, propano, pentano, hexano y heptano) que exportaba con el gas natural hasta la instalación de once plantas de procesamiento de gas en territorio boliviano.


La estatal petrolera boliviana, que prevé excedentes en la producción industrial de gas, ha comenzado negociaciones con Brasil para suscribir un contrato de entrega de gas natural para la termoeléctrica de Cuiabá, según el anuncio del presidente de YPFB, Carlos Villegas, en la misma inauguración de la planta de Itaú.