La ONG Amnistía Internacional (AI)
presentó un informe en el que recoge diversas violaciones a los derechos
humanos en Venezuela, ocurridas entre el 4 de febrero y el 27 de marzo, un
periodo marcado por las protestas civiles en contra del gobierno de Nicolás
Maduro.
El informe, titulado «Venezuela,
los derechos humanos en riesgo en medio de protestas» reseña las 37 muertes que
han ocurrido durante dicho lapso y los más de 550 heridos que han dejado las
manifestaciones, entre quienes se encuentran 180 funcionarios policiales y
militares. El informe «hace públicas algunas denuncias de violaciones al
derecho a la vida y la integridad física, y al debido proceso que ha recibido
en el contexto de las manifestaciones».
La organización señala con
preocupación el creciente clima de polarización política del país e identifica
como principales causantes de las denuncias derivadas de las manifestaciones a
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), al Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBIN) y a “grupos armados pro gobierno”.
Las denuncias recogidas por AI
incluyen casos de uso de armas de fuego contra los manifestantes y contra
viviendas en zonas residenciales. Entre otros casos se documenta el de Bassil
Dacosta Frías, un joven de 23 años que murió en Caracas durante una
manifestación el 12 de febrero tras recibir un disparo en la cabeza. Además,
«con el objetivo de de dispersar a los manifestantes y evitar que levanten
barricadas, o como castigo a estas acciones, las fuerzas del orden habían hecho
uso de gases lacrimógenos de forma excesiva e indiscriminada, en ocasiones
dirigiéndolos directamente contra el cuerpo de los manifestantes, así como en
espacios cerrados y zonas residenciales».
Geraldín Moreno, de 23 años, fue
otra de las víctimas: el 22 de febrero murió en Valencia mientras participaba
de una protesta. Un bala de goma, disparada por la GNB entró por uno de sus
ojos y le causó la muerte.
Los casos de tortura y violación
del debido proceso también aparecen en el informe, testimonios de personas
detenidas sin que se le informara la razón de su detención, sin derecho al
contacto con un abogado y tortura en centros de retención: palizas,
humillaciones, amenazas de muerte y rociadas de gasolina. De acuerdo con las
palabras de Nuria García, investigadora de AI sobre Venezuela, «parecía que los
abusos eran castigos por haber participado o, en algunos casos, querer
participar en las protestas».
Los realizadores del documento se
entrevistaron con la Fiscal General de Nación y la Defensora del Pueblo de
Venezuela, quienes corroboraron que han recibido graves denuncias de
violaciones a los derechos humanos «cometidas por funcionarios de las fuerzas
del orden, así como del uso de la violencia de algunos manifestantes».
Actualmente hay 82 investigaciones abiertas por el Ministerio Público.
Asimismo aparecen entre las 27
páginas que tiene el informe las denuncias de «decenas de periodistas» que
«habrían recibido amenazas» y reseña la detención del líder opositor Leopoldo
López, acusado de instigar las manifestaciones.
Tanto Nuria García como Esteban
Beltrán, director de AI en España, concuerdan en que esta es la situación de
derechos humanos más grave que ha afrontado Venezuela desde el periodo
2002-2003, que siguió al intento fallido de Golpe de Estado contra Hugo Chávez.
«Amnistía Internacional a los países vecinos a afrontar una solución respetuosa
y a apoyar el diálogo a través de organismos como la Organización de Estados
Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)», concluyó
Beltrán.
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