ALMO.- 13 de Febrero 2014. - El chavismo apretó este jueves la
bota militar sobre Venezuela, horas después de los sucesos violentos en las
calles de Caracas, que provocaron tres muertos y decenas de heridos.
"Enfrentamos un golpe de Estado", denunció Nicolás Maduro al mundo de
forma pintoresca, tras un desfile militar de tres horas, fuegos pirotécnicos y
la parafernalia habitual de la Revolución.
El día después del 12F, una nueva
jornada trágica en la historia de Venezuela, confirmó la promesa de "mano
dura" realizada por el presidente. La primera medida fue instar a la
detención de Leopoldo López, coordinador de Voluntad Popular y líder del sector
radical de la oposición. La orden fue emitida en la madrugada. "López está
en su casa, con sus abogados. No va a abandonar Venezuela, va a seguir luchando
en la calle y todos le vamos a respaldar", desveló Carlos Vecchio,
dirigente de su partido.
El ministro de Interior, Miguel
Rodríguez-Torres, también acusó a David Smolanski, alcalde de El Hatillo, de
participar en conjuras y reunirse en 2010 en México, cuando era líder
estudiantil. "Acuñando la contraofensiva revolucionaria, el Gobierno ha
iniciado el aplastamiento selectivo y ejemplarizante de la disidencia en
Venezuela", protestó Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano.
Abusos del oficialismo
Otra ONG de derechos humanos,
Provea, sufrió en sus propias carnes los abusos del oficialismo el miércoles
por la noche. Inti Rodríguez, su coordinador de medios, fue "secuestrado,
golpeado e interrogado por un grupo de 20 personas uniformadas de negro,
comandadas por una persona con características de funcionario policial",
según la denuncia hecha pública.
Durante toda la jornada,
salpicada de pequeñas protestas estudiantiles y con presencia de tanquetas
militares en Caracas y Mérida, abogados y familiares lucharon por la libertad
del centenar de detenidos. "Presos fueron obligados a declarar esposados y
en medio de constantes insultos, burlas y amenazas", aireó el abogado José
Vicente Haro, presente en una de las comisarías.
Lo más llamativo es que nada se
sabe de los paramilitares chavistas (colectivos en el diccionario eufemístico
de la Revolución) ni de los funcionarios que atacaron a balazo limpio a unos
estudiantes que lanzaron piedras al edificio de la Fiscalía tras acabar la
marcha pacífica. Dos personas murieron en el primer enfrentamiento: Juan
Montoya, líder de los colectivos y muy conocido en 23 de Enero, el barrio
bastión de la Revolución, y el estudiante Bassil Dacosta, alcanzado por un
balazo en la cabeza.
Apagón informativo
Decenas de vídeos y fotografías
confirman que joven cayó abatido al salir corriendo del tiroteo provocado por
paramilitares o policías. De la muerte de Montoya, quien fuera acusado en 2008
de colocar una bomba contra la patronal empresarial, no hay testimonios
gráficos, aunque periodistas presentes en el lugar insisten en que cayó durante
un enfrentamiento entre policías y tupamaros chavistas. De hecho, Montoya era
ex policía.
A Roberto Redman, el otro
estudiante asesinado en la noche del miércoles, la muerte le buscó dos veces.
La primera, tras la marcha, cuando corría a pocos metros de Dacosta, incluso
arrastrando su cadáver tras recibir el balazo. Y la segunda, cuando protestaba
en Chacao y sufrió un disparo en la cabeza, procedente del arma de otro
paramilitar motorizado. "Hoy me pegaron una pedrada en la espalda, un
golpe en la nariz, tragué una bomba lacrimógena, cargué al chamo que falleció.
¿Y tú qué hiciste", escribió en Twitter poco antes de morir.
La oposición exigió al Gobierno
que desarmara a sus grupos violentos. Nadie contestó. De hecho, varios miembros
de estas famosas brigadas de choque atacaron este jueves a estudiantes de la
Universidad Central de Venezuela, cinco heridos más a la larga lista de decenas
lesionados en 48 horas.
Inasequible a las denuncias,
Maduro constriñó el derecho a la protesta y apostó por profundizar el apagón
informativo imperante sobre Venezuela. "Cuidado que se prestan
(televisoras y radios) a llevar a nuestro país a una confrontación",
amenazó el mandatario. Misión imposible para los canales privados, que no se
atrevieron a dar imágenes en directo de los aquelarres violentos del 12F.
Globovisión, el canal informativo otrora crítico comprado ahora por empresarios
oficialistas, ni siquiera se lo planteó. La evidente censura provocó la
dimisión de al menos dos de sus periodistas.
El Gobierno también sacó del aire
al único canal que transmitía en directo, NTN24, emisora colombiana que emite
desde EEUU. Llevado por su afán censor, en la tarde de este jueves fue
bloqueada la web de Nelson Bocaranda, el famoso periodista que desveló los
misterios del cáncer de Hugo Chávez.
También fueron detenidos tres
reporteros presentes en los tiroteos junto a la Fiscalía. Estuvieron varias
horas retenidos y a uno de ellos le golpearon y le robaron sus fotografías.
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